La Corte Constitucional tomó una decisión de fondo frente a la emergencia económica declarada por el Gobierno mediante el Decreto 1390 de 2025, al suspenderla de manera definitiva, dejando sin sustento jurídico todas las medidas adoptadas bajo este estado de excepción.

La declaratoria de emergencia no cumplía con los requisitos exigidos por la Constitución, los cuales establecen que este mecanismo solo puede utilizarse cuando existe una crisis grave, sobreviniente y que no pueda ser atendida con las herramientas ordinarias del Estado.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad:

• Se elimina de forma definitiva la emergencia económica.
• Los decretos expedidos bajo este marco pierden su validez jurídica.
• Se cierra el debate sobre la legalidad de estas medidas excepcionales.
  
  

Al desaparecer el decreto que dio origen a la emergencia (Decreto 1390 de 2025), los decretos derivados como el Decreto 1474 de 2025, que contenía medidas tributarias también quedan sin sustento.

En consecuencia, medidas como: Impuestos temporales, incrementos en tarifas, alivios tributarios quedan sin efecto definitivo o sujetas a decisiones posteriores sobre sus efectos.

La decisión de la Corte Constitucional no solo pone en fin la emergencia económica, sino que también refuerza los límites del uso de facultades extraordinarias por parte del Gobierno. A partir de ahora, cualquier cambio estructural en materia tributaria deberá adelantarse a través de los mecanismos legislativos ordinarios, garantizando mayor estabilidad y seguridad jurídica para los contribuyentes.