La Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025, que había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social, una medida que el Gobierno había adoptado para enfrentar un déficit fiscal significativo y financiar el presupuesto de 2026.

¿Qué decidió la Corte?

En una decisión adoptada por 6 magistrados contra 2, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió el Auto 082 de 2026, mediante el cual suspendió de manera inmediata los efectos del Decreto 1390 de 2025 hasta que se profiera una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

Como consecuencia directa, la suspensión también afecta al Decreto 1474 de 2025, que había sido expedido al amparo de la emergencia y que contenía varias medidas tributarias y fiscales extraordinarias, incluyendo nuevos impuestos y ajustes fiscales destinados a recaudar recursos para 2026. Al quedar sin respaldo constitucional provisional, dichos decretos quedaron congelados y sin efectos en el corto plazo.

¿Qué implicaciones tiene esta suspensión?

Normas tributarias en pausa:
La suspensión del decreto que autorizó la emergencia económica hace que las disposiciones que dependían de ese acto, como los nuevos tributos o los cambios impositivos contemplados en el Decreto 1474 de 2025, no produzcan efectos mientras se decide sobre el fondo del asunto.

 Decisión de fondo pendiente:
La Corte Constitucional ahora debe definir si el decreto de emergencia económica cumple con los requisitos constitucionales, como la existencia de una crisis real, grave y súbita, que justifique el uso de esta figura excepcional. Ese proceso podría tardar varias semanas o meses antes de conocerse la sentencia definitiva.

Incertidumbre fiscal temporal:
La suspensión de los decretos deja abiertas preguntas sobre el déficit fiscal que el Gobierno pretendía atender con estas medidas, así como los efectos en la planeación tributaria de empresas y contribuyentes para 2026.

Reacciones y contexto

El fallo de la Corte Constitucional fue recibido con atención por actores del sector económico, jurídico y político, dado que es la primera vez en que el alto tribunal suspende provisionalmente una declaratoria de emergencia económica en Colombia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro y miembros del Gobierno han señalado que los decretos expedidos mientras la emergencia estuvo vigente gozan de presunción de legalidad, lo que implicaría que las actuaciones realizadas antes de la suspensión podrían seguir siendo válidas, aunque esa postura está sujeta a interpretación jurídica mientras se define la sentencia de fondo.

Conclusión

La suspensión provisional de los Decretos 1390 y 1474 de 2025 por parte de la Corte Constitucional marca un hito en el debate sobre el uso de estados de excepción en Colombia y sus límites constitucionales. Hasta que la Sala Plena profiera una decisión de fondo, las medidas tributarias y fiscales creadas bajo la emergencia quedan sin efectos, generando impacto en las expectativas de recaudo y en la planeación fiscal de empresas y contribuyentes